viernes 26 de mayo de 2017 - 11:16 horas
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Impacto de las marcas en la industria agroalimentaria española

Acaba de llegar a mis manos un interesante informe titulado “Impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas”, que ha sido elaborado por el Departamento de Marketing de la Universidad de Alicante y editado en 2012 por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema). Aunque el alcance del estudio abarca la totalidad de los sectores presentes en la economía española, en este post voy a intentar reflejar los datos relativos al impacto de las marcas exclusivamente en la industria de alimentación, bebidas y tabaco.

¿Por qué solo en la industria de alimentación, bebidas y tabaco?, bueno en anteriores post se ha puesto de manifiesto la importancia que la industria agroalimentaria tiene para el desarrollo del medio rural. La mayoría de las iniciativas empresariales de este sector, puestas en marcha en el medio rural, están relacionadas con la puesta en valor de los productos tradicionales agroalimentarios y, por tanto con productos, que a priori pretenden estar bajo el amparo de marcas de fabricante (MF) en un primer nivel, y de marcas colectivas o de garantía y reconocimiento (DOP, IGO, ETG), en un segundo nivel, aunque no en todos los casos.

Primero, veamos algunas de las consideraciones generales sobre la importancia de las marcas recogidas en este informe:

- “El valor y la importancia de la marca radican en su capacidad para contribuir al establecimiento de relaciones de confianza entre empresas y consumidores”.

- “Las marcas son un elemento estratégico fundamental para las empresas en el desarrollo, comercialización y fidelización de la clientela”.

Vayamos al impacto de las MF en la industria agroalimentaria para el año 2010:

- El empleo atribuible a las MF en el sector de la alimentación supone el 56,94%, en el sector de las bebidas asciende hasta el 82,88% y en el sector del tabaco hasta el 79,57%, lo que supone un total de 223.360 empleos, 44.090 empleos y 2.780 empleos, respectivamente. En los tres casos se está por encima de la media de los 19 sectores económicos analizados, ya que el empleo atribuible a las MF en la economía española estaría en un 40,78%.

- El PIB atribuible a las MF en los sectores de alimentación, bebidas y tabaco se sitúa en un 4,88%, lo que supone 20.508 millones de euros.

- Del total de las exportaciones realizadas por nuestro país atribuibles a MF, el 10,22% corresponden a la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco, sobre el total de exportaciones del propio sector, atribuibles a las MF, ascienden al 67,8%, al 81,72% y al 81,92%, respectivamente. En los tres casos se está por encima de la media de los 14 sectores económicos analizados, ya que las exportaciones atribuibles a las MF en estos sectores estarían en el 54,20%. El subsector cárnico con el 23% de las exportaciones con marca es el más importante en la industria alimentaria. Por su parte el subsector del vino se sitúa a la cabeza de las exportaciones con marca dentro de la industria de las bebidas.

- Los gastos en I+D atribuibles a las MF están por encima del 70% en el sector de la alimentación, bebidas y tabaco. Este grupo de actividades económicas representan el 3,81% de los Gastos de I+D atribuibles a las MF del total de los sectores analizados. En cuanto al número de empresas que realizan innovación este sector representa el 10,14% y el 4,81% del personal dedicado a I+D atribuibles a las MF.

- La inversión en publicidad del sector de alimentación y bebidas asciende al 7,6% y 4,8% del total de la inversión publicitaria, respectivamente. El 9,32% de la inversión publicitaria atribuible a MF corresponde a la industria de alimentación y el 6,24% a la industria de bebidas.

Los datos aportados por este Informe, relativos a la industria de alimentación y bebidas, hay que valorarlos teniendo en cuenta que estas actividades económicas conjuntamente se sitúan a la cabeza de la actividad industrial española.

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Los expertos apuntan las claves para mejorar la competitividad del sector turístico español

El Informe “Temas candentes del turismo para 2012: Hacia una mayor competitividad en el sector” es un interesantísimo documento elaborado por la firma de consultoría PwC, que como ellos mismos apuntan “es el resultado de las reflexiones, ideas y propuestas generadas a partir de dos grupos de trabajo en los que han participado expertos representativos del sector en España”. Tras un trabajo de síntesis y estructuración, PwC ofrece una relación de los asuntos clave para el desarrollo del sector turístico en España.

A continuación recojo, a modo de resumen, invitando a todos los interesados a la lectura detallada del Informe elaborado por PwC, las principales cuestiones abordadas por los expertos y apuntadas por los profesionales de esta firma de consultoría como estratégicas para la mejora de la competitividad de nuestro sector turístico. Tal y como apunta PwC en su Informe: 

-       “el sector turístico es un pilar fundamental de la economía española dada su contribución al Producto Interior Bruto de nuestro país, el papel clave que protagoniza en nuestro desarrollo económico, el volumen de puestos de trabajo que genera y los efectos indirectos favorables sobre otros sectores productivos de la economía”.
 
-       “El sector ha sido el motor del desarrollo económico y social de nuestro país a lo largo de las últimas décadas, algo que se ha vuelto a poner de manifiesto en el periodo de crisis que estamos atravesando. Se puede afirmar que uno de los pocos sectores de actividad económica que ha funcionado, que ha seguido siendo competitivo y que ha compensado, al menos de forma parcial, el hundimiento de otros sectores productivos ha sido el turismo”.
 
-       “España es una potencia mundial en turismo, no sólo gracias a su privilegiada ubicación geográfica, climatología y diversidad cultural, sino también al buen trabajo de los agentes del sector y de las Administraciones Públicas. Hoteles, agencias, aerolíneas, mayoristas, empresas de restauración y otras compañías han hecho un trabajo excelente junto con gestores públicos, que han sido conscientes de la importancia de nuestra principal fuente de riqueza”.
 
Las claves y temas candentes sobre los que es necesario actuar, según los expertos, son los siguientes:
 
-       Sostenibilidad y renovación de los destinos turísticos, incidiendo en la cooperación público-privada; la sostenibilidad ambiental, económica y sociocultural; y la renovación y mejora constante de la oferta turística.
 
-      Diversificación de productos y desestacionalización,mediante la creación de productos innovadores; renovando permanente de la oferta; y creando una oferta cambiante.
 
-       Optimizar y racionalizar, para ser más competitivos, a través de la flexibilización laboral; la centralización de áreas de costes; la externalización de servicios; la medición y planificación de los costes energéticos y la implantación de Planes de eficiencia energética.
 
-       Gestión flexible y avanzada de los recursos humanos, mediante la no limitación de la contratación temporal; y la impartición de formación de forma segmentada (universitaria y profesional).
 
-       La importancia del transporte en la demanda turística, haciendo que el precio del transporte sea lo más económico posible; mediante la racionalización de las tasas aeroportuarias; y mejorando la calidad en el servicio.
 
-       Internet: ¿oportunidad o amenaza?, utilizándolo para mejorar la información; haciendo de  Internet y las redes sociales nuevas oportunidades incorporadas a la oferta del mismo; y para adaptarse a los nuevos mecanismos de opinión y crítica.
 
-       Turismo español la imagen y su proyección internacional, es clave la gestión de la marca-país España a nivel nacional; y disponer de una única plataforma y con un formato único y homogéneo, y que sea capaz de concentrar toda la oferta de nuestro país.
 
-       Impulso coordinado de las Administraciones Públicas en materia de promoción y armonización de la legislación turística, utilizando la Conferencia Sectorial del Turismo para abordar el reto de la armonización de la legislación de las diferentes CCAA que afecta al sector y marcar las líneas estratégicas; Comisión Interministerial de Turismo como instrumento operativo; haciendo que los esquemas de cooperación público-privada tengan un papel más activo.
 
En el GDR del Litoral de la Janda llevamos más de una década trabajando para que este territorio se consolide como un destino turístico que puede ofrecer una amplia oferta de ocio, gastronomía, actividades deportivas, cultura, deportes, etc. Nuestra apuesta por la ruptura de la estacionalidad nos ha llevado a promover y apoyar proyectos como “Calidad Turística Diferencial”, que ya en 2003 suponían la creación de un Club de Productos ligados a las actividades al aire libre, con el objeto de alargar las temporadas veraniegas a los meses de primavera y otoño. También supuso el apoyo a la creación y modernización de una oferta de alojamientos y restauración de calidad, vinculada al territorio, senda en la que seguimos trabajando actualmente. También supuso el establecimiento de un sistema de cooperación entre los diferentes agentes del sector turístico, instrumentalizado a través der la Asociación Empresarial “Turismo Jandalitoral”. El portal http://www.visitatrafalgar.com/es, que estará operativo en noviembre, es un claro ejemplo de utilización del as TIC para la creación de marca y para la presentación de una oferta única de nuestro territorio.   
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La responsabilidad social empresarial: instrumento de mejora y competitividad empresarial y territorial

Responsabilidad social empresarial

La Comisión Europea define en su Libro Verde la responsabilidad social de las empresas (RSE) como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” o cómo “las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio”. NORMAPME indica que el “término RSE se refiere a los comportamientos voluntarios responsables de las empresas hacia la sociedad, y presupone el cumplimiento de la ley por parte de éstas”. En definitiva, se trata de ir más allá de las propias obligaciones con la sociedad y con el medio ambiente, ya reguladas por las diferentes normativas aplicables y no de sustituirlas. Significa invertir en el capital humano, en el entorno y en las relaciones con los interlocutores.

En 2011, la Comisión Europea presenta una nueva definición de la RSE, a saber, “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”. Es decir, en primer lugar, respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales. En segundo lugar, desarrollar una estrecha colaboración con las partes interesadas, que integre las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica. Todo ello con el objetivo de:

- maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio;

- identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.

La RSE se tiene que traducir en una mejora de la calidad de vida y del entorno en donde las empresas desarrollan sus actividades productivas. Se trata de un verdadero compromiso con toda la sociedad, el medio ambiente, sus trabajadores y proveedores y el resto de grupos de interés e interlocutores definidos por la propia empresa. La RSE debe ser considerada como una inversión y no como un gasto, y debe permitir adoptar un enfoque financiero, comercial y social integrado, que desemboque en una estrategia a largo plazo que minimice los riesgos relacionados con la incertidumbre.

La RSE es importante en todos los tipos de empresa y todos los sectores de actividad, especialmente en las PYMES, que son la base de nuestro tejido productivo y máximas generadoras de empleo y riqueza en España y el resto de Europa. La RSE aplicada en las PYMES contribuye, en el largo plazo, a mejorar sus resultados, generar crecimiento y obtener mayores beneficios. Algunos de los efectos positivos directamente resultantes de la aplicación de la RSE son las mejoras en la productividad laboral y en el uso eficiente de los recursos naturales. Entre los efectos indirectos está la ampliación de las cuotas de mercado, gracias a una mayor atención prestada a las necesidades de los consumidores.

La Comisión Europea mantiene que para la competitividad de las empresas es cada vez más importante un enfoque estratégico sobre RSE, ya que son múltiples los beneficios: gestión de riesgos, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los clientes, gestión de los recursos humanos y capacidad de innovación. También mantiene que asumir su responsabilidad social, supone para las empresas poder generar una confianza duradera de los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos, que es la base para la generación de modelos empresariales sostenibles. La relación existente entre confianza y entorno favorable para el crecimiento y la innovación es directamente proporcional.

NORMAPME establece que los mayores beneficios que las PYMES pueden obtener de un comportamiento socialmente responsable son:

- Una motivación y productividad más alta por parte de los empleados.

- Un aumento de la reputación y de la confianza, lo que lleva a una apreciación elevada por parte de los clientes y proveedores, y por lo tanto a un mayor éxito económico.

- Ser reconocido como interlocutor válido, dado que operar públicamente en la sociedad implica para la PYME considerar las intenciones de los clientes, de los representantes de la comunidad local, de los bancos, y de otras partes interesadas importantes.

- Ser reconocido por su compromiso auténtico, porque la RSE no es una vía rápida hacia el éxito económico, sino una inversión que es rentable a largo plazo.

- La aceptación dentro de la comunidad, porque la RSE permite a la PYME adaptarse más rápidamente a las necesidades de su entorno, inclusive al de sus clientes.

Los ámbitos dentro de las empresas en los que actúa la RSE son varios: gestión de los recursos humanos, salud y seguridad en el lugar de trabajo, adaptación al cambio y gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. Fuera de las empresas la repercusión se sitúa en: las comunidades locales, socios comerciales, proveedores y consumidores, derechos humanos y los problemas ecológicos mundiales, entre otros.

La Guía de Aplicación para PYMES de NORMAPME de la norma ISO 26000 establece los siguientes principios para la puesta en marcha de acciones de responsabilidad social: rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético y la gestión de redes (basadas en clientes, personas, sociedad). Como materias fundamentales establece las siguientes: derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y, finalmente, participación activa y desarrollo de la comunidad.

Esta misma guía establece que para practicar la RSE es necesario: comprender la responsabilidad social de una PYME, siendo la propiedad de la misma el principal impulsor de estas acciones; adoptar un enfoque colectivo para su implementación; comunicar, interna y externamente, tanto para la dar a conocer las iniciativas como para promover dentro de la organización un flujo de propuestas y nuevas ideas; estar basa en iniciativas voluntarias, no impuestas por ninguna ley ni orientación sectorial o corporativa.

Territorio y responsabilidad social

El GDR del Litoral de la Janda es una entidad no lucrativa que persigue, entre otros objetivos, la mejora de la calidad de vida, el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestro ámbito territorial de actuación, siempre en un marco de sostenibilidad ambiental, económica y social. El GDR lo integran el conjunto de actores locales “stakeholders” del territorio, que de esta forma se hacen participes y responsables del diseño, implementación y evaluación de la estrategia de desarrollo rural. Se trata de una nueva forma de gobernanza local, que aplica el “enfoque ascendente” propio de la metodología Leader en toda su actividad.

La Responsabilidad Social (RS) desde el punto de vista de la sociedad, en general, y de las organizaciones en las que se vertebra, en particular, se podría definir como la carga, compromiso u obligación que los miembros de una sociedad -ya sea como individuos o como miembros de algún grupo- tienen tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. En resumen, la Responsabilidad Social (RS) viene a ser un compromiso u obligación que los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de subgrupos, tienen con la sociedad en su conjunto; compromiso que implica la consideración del impacto, positivo o negativo, de una decisión.

La visión y misión del GDR establece, no solo la promoción y la puesta en marcha de políticas de responsabilidad social por parte del propio GDR o la promoción de las mismas entre las empresas del territorio, sino que esencialmente promueve el desarrollo de actuaciones en esta materia teniendo como objeto de la implantación de la responsabilidad social el conjunto del territorio. Esta línea de trabajo emprendida por el GDR está en concordancia con lo que se conoce como Territorios Socialmente Responsables (TSR), que supone la generalización de la RS entre los actores de un territorio (empresariado, administración, tercer sector), junto con una mayor comprensión del concepto por parte de la ciudadanía.

Algunas de las definiciones recopiladas por RETOS (Red de Territorios Socialmente Responsables) en su proyecto son las siguientes:

- Un sistema territorial que conjuga el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales del modo de vida local buscando conseguir una mejor calidad de vida para los habitantes locales y otros agentes implicados, a través de un enfoque de gobernanza participativa (RED REVES).

- Territorio Socialmente Responsable (TSR) es aquel que tiende a la sostenibilidad afrontando de manera proactiva sus retos económicos, sociales y medioambientales, partiendo de la Responsabilidad Social de cada una de sus organizaciones, desarrollando sus activos tangibles e intangibles por la vía de estrategias colaborativas y compromisos multilaterales, con soluciones eficientes que creen valor para todas las partes y que, desde una visión sostenible del territorio, contribuyan al desarrollo y a la sostenibilidad mundial (Manifiesto de Sitges).

- Un territorio puede definirse como socialmente responsable cuando orienta su propio desarrollo hacia las cuestiones de sostenibilidad; es decir, cuando integra en su propio desarrollo la dimensión económica, social y medioambiental. Un territorio puede definirse como socialmente responsable si consigue integrar en sus decisiones económicas consideraciones sociales y medioambientales; compartir un modelo de valores y un método participativo en los procesos de toma de decisiones; favorecer las buenas prácticas y una interacción permanente entre las partes interesadas, con el fin de fomentar la innovación y la competitividad (Comité Económico y Social Europeo).

- Ecosistema territorial, cultural y social definido por unos límites geográfico administrativos y dotado de una identidad ética diferenciada, en el que se integran una diversidad de actores de la Administración Pública, el tejido empresarial, las entidades sociales y la ciudadanía compartiendo una visión común que les lleva a cooperar en la construcción de un espacio policéntrico competitivo, equilibrado, sostenible y socialmente responsable (Grupo de Trabajo de ADRO).

RETOS indica que para que las estrategias de responsabilidad social territorial tengan éxito, estas se deben de desarrollar en territorios con: identidad territorial o sentido de comunidad; naturaleza voluntaria de la RS y compromiso; visión estratégica compartida de los stakeholders o grupos de interés; y con un criterio de gestión efectiva.

RETOS determina la utilidad de los Territorios Socialmente Responsables basándose en las siguientes afirmaciones: un TSR proporciona el espacio idóneo para el ejercicio de la ciudadanía libre y en igualdad; un TSR contribuye a la mejora y protección del medio ambiente; el TSR hace que el territorio sea más competitivo; el TSR contribuye a la cohesión territorial y al desarrollo de un modelo policéntrico de organización territorial; el TSR mejora el rendimiento del capital social de un territorio; el TSR genera cohesión social y gestiona la diversidad; el TSR fortalece la democracia y la legitimidad de sus instituciones y organizaciones; y un TSR mejora de la calidad de vida y el bienestar de la comunidad.

RETOS señala como responsables de este proceso a todos los stakeholders o grupos de interés del TSR: empresas, empresas sociales, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, entidades del tercer sector, sistema educativo, medios de comunicación, sector financiero, ciudadanía y administraciones públicas.

El GDR del Litoral de la Janda se encuentra desde el año 2009 certificado por Bureau Veritas bajo la norma SG21:2008 “Sistema de Gestión ética y Socialmente Responsable” elaborada por FORETICA. Las actividades desarrolladas en esta materia cada año son múltiples e intentan abarcar todos los principios de la responsabilidad social corporativa.

 
Fuentes:
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Competitividad y tamaño en la industria española de alimentación y bebidas

La Fundación CAJAMAR, con la que este GDR Litoral de la Janda suscribió el pasado 11 de junio un Convenio de Colaboración, con la colaboración de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, editó en febrero de este año un informe bajo el título de “Competitividad y tamaño en la industria de alimentación y bebidas”, cuya autoría recae en David Uclés Aguilera y Mercedes Teruel Moreno.

Nuevamente se trata de una aportación científica de gran interés, pues profundiza en uno de los grandes retos que tiene la industria de alimentación y bebidas española que no es otro que el de abordar un proceso de concentración empresarial, especialmente en el ámbito cooperativo, con el objetivo último de ganar en competitividad. El análisis se centra en las relaciones entre los denominados “vectores de competitividad”: innovación tecnológica, internacionalización y financiación, y la dimensión de las empresas del sector de alimentación y bebidas español.

El informe parte de un análisis de la situación del sector de alimentación y bebidas en España, del que sus autores destacan algunas cuestiones:

- sector importante en términos de empleo y aportación al PIB, respecto a la industria en España;

- en los momentos actuales de crisis, el comportamiento de las ventas exteriores en este sector ha sido mejor que el promedio nacional;

- desde 1999 viene produciéndose una caída paulatina, pero moderada, del número de empresas en este sector;

- ganancias en dimensión empresarial, disminuyendo el número de microempresas a favor de otras de mayor tamaño;

- industria cárnica, elaboración de bebidas e industrias lácteas son los subsectores más importantes, tanto en cuota como en valor de sus producciones;

- Andalucía en primer lugar, seguida de Cataluña y Castilla-León son las comunidades autónomas con mayor peso en este sector;

- en todas las comunidades autónomas el peso de las microempresas supera el 70% sobre el total, estando en la media europea;

- procesado y conservado de frutas y hortalizas, fabricación de aceites y grasas vegetales son los subsectores con empresas de mayor tamaño.

La segunda parte del informe se centra en las relaciones entre los vectores de competitividad y la dimensión empresarial (nº de empleados) siendo algunas de las conclusiones extraídas por los autores las siguientes:

- existe una relación positiva entre dimensión empresarial y volumen de ventas;

- las empresas de mayor dimensión son más productivas, estando este indicador por encima de la media europea;

- el sector de la industria de alimentación y bebidas es de los menos innovadores de la industria española, no obstante está por encima de la media, tomando con referencia la totalidad de la actividad empresarial en España;

- las empresas más grandes son más innovadoras, aunque dentro de las empresas innovadoras las de menor tamaño son más eficientes;

- las empresas de mayor tamaño tienen una mayor propensión exportadora, siendo la dimensión un factor que favorece esta actividad exterior. No obstante, el fenómeno de la internacionalización se está extendiendo a todas las empresas del sector, sin importar el tamaño, siendo esta la principal vía de crecimiento;

- los ratios de solvencia son mejores en las empresas de mayor dimensión que en las pequeñas;

- la financiación ajena a corto plazo es mayor en las empresas de mayor dimensión que en las de menor dimensión. No obstante la financiación bancaria es mayor en las empresas de menor dimensión que en las de mayor dimensión. Esta estructura financiera, permite a las empresas de mayor dimensión repercutir menores costes en la cuenta de resultados.

La tercera parte del informe la dedican los autores a profundizar sobre el concepto de grande, realizando para ello un análisis sobre el fenómeno de la gran distribución.

El informe concluye con un apartado de conclusiones y referencias bibliográficas utilizadas en el mismo.

 

 

 

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La creación de empleo en el medio rural: un documento para el debate

A principios de año nos llegó a los Grupos de Desarrollo Rural una publicación muy interesante denominada “Oportunidades para la creación de empleo en el medio rural”, elaborada por un equipo de profesionales relacionados con el medio rural, con procedencias diversas (empresarios, consultores, asesores políticos, asesores técnicos, etc.), bajo la coordinación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del medio Rural, del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La fecha de la publicación es de septiembre de 2011, aunque como digo, hasta enero de 2012 no llegó a nuestras manos.

El contenido de la misma es amplio y toca todas las cuestiones de interés vinculadas con la situación del empleo en el medio rural. Así, inicialmente, realiza una caracterización del medio rural frente al empleo, donde se exponen aquellas características que potencialmente son susceptibles de ofrecer oportunidades relevantes de negocio y de generación de empleo en diferentes áreas de negocio y sectores. Inmediatamente se pasa a definir y describir aquellos 10 ámbitos, que se consideran clave para la creación de empleo en el medio rural. Seguidamente se abordan tres puntos clave: en primer lugar la demanda de empleo en el medio rural, posteriormente las barreras que condicionan la creación de empleo, para finalizar con las medidas para incentivar la creación de empleo. El documento incluye un apartado de resultados y conclusiones al final, y un resumen ejecutivo y descripción de la metodología utilizada al inicio de la publicación. También contiene un par de anexos muy ilustrativos y descriptivos sobre la caracterización del medio rural en cuanto a población y paro, así como sobre los antecedentes y el escenario actual del medio rural y sobre la estimación de creación de puestos de trabajo.

Por centrar el contenido de este nuevo post, hagamos primero una mención a los diez ámbitos que se han considerado claves para la creación de empleo en el medio rural, a saber:

a) Rehabilitación de viviendas en el medio rural.

 
b) Rehabilitación energética.
 
c) Servicios a la persona.
 
d) Agricultura y ganadería.
 
e) Industria agroalimentaria.
 
f) Servicios y aprovechamientos forestales.
 
g) Servicios turísticos y de ocio rural.
 
h) Conservación y gestión de espacios naturales.
 
i) Centros de servicios.
 
Este trabajo también recoge una serie de ámbitos denominados relevantes, que son los siguientes:
 
j) Inmobiliarias y gestoras del suelo y tierras.
 
k) Consultoría y asesoría empresarial y tecnológica.
 
l) Consultoría e ingeniería ambiental.
 
m) Servicios de ahorro y eficiencia en el uso del agua.
 
n) Servicios de vigilancia y seguridad.
 
o) Instalación y mantenimiento de huertos solares y fotovoltaicos.
 
p) Empresas de Servicios Energéticos (ESE).
 
q) Servicios Auxiliares.
 
r) Producción de biocarburantes.
 
s) Teletrabajo.
 
Se trata de una lista muy completa y con argumentos, en muchos casos convincentes pero que, en los tiempos que corren actualmente, parece queda un poco alejada de la realidad y de las posibilidades del medio rural. A excepción de los ámbitos vinculados con la producción primaria y la industria agroalimentaria, el resto son ámbitos productivos ligados al sector de la construcción y sector servicios, estando algunos de ellos vinculados a políticas institucionales (servicios sociales, ayudas a energías verdes, etc.), que de no darse, difícilmente pueden sostener actividad económica alguna. El medio rural necesita actividad productiva que genere empleo estable y economías externas de apoyo, a su vez generadoras de empleo y, esto solo se va a producir si la actividad agrícola, ganadera y forestal, así como sus aprovechamientos industriales, toman el timón del empleo y la actividad económica en el medio rural. La tendencia a consumir lo local y a disminuir los costes económicos y medioambientales, derivados de los grandes desplazamientos desde distintas partes del globo, es una realidad, que puede hacer de palanca para el desarrollo de estas actividades productivas.
 
Especial mención merecen las medidas indicadas para incentivar la creación de empleo, tanto las de carácter general y de apoyo a la actividad empresarial, en la mayor parte de los casos compartidas por todos, como las específicas, que en algunos casos se atreven a determinar deducciones fiscales, bajadas impositivas, bajada de cotizaciones sociales, nuevas tasas medioambientales (céntimo foresta, canon energético, tasa al consumo de agua), etc., que con la coyuntura económica actual, sin determinar cómo afectan estas medidas concretas a los ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas, difícilmente se sostienen.
Como se ha indicado antes el final del estudio recoge unas previsiones/estimaciones sobre la creación de puestos de trabajo, si se incentivan los ámbitos claves detectados en el estudio. Al cabo de 2 años se podrían generar 321.000 empleos y al cabo de 6 años 559.500 empleos. Ambas cifras no son nada desdeñables por lo que, a quien corresponda, si se verifica que los argumentos son válidos y acertados, le lanzamos un mensaje desde aquí para que tome cartas en el asunto.
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Los productos temporeros un recurso con potencial para el desarrollo de las zonas rurales

La apuesta por los productos locales y sabores naturales tiene en los productos temporeros un importante recurso. Para gran parte de ellos, gracias a su presencia en la cocina tradicional del medio rural, su demanda sigue siendo importante, lo que garantiza su conocimiento y preservación, siendo base de la gastronomía local. Para otros, su utilización en actividades artesanales, hoy en día sin relevo generacional o en desuso, hace peligrar su viabilidad como recurso susceptible de ser explotado.

Los recursos naturales son aquellos elementos que componen la naturaleza y que pueden ser aprovechados por el ser humano de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, pudiendo ser botánicos o animales. Aunque en menor medida y muy condicionada por la situación económica de cada momento, la recolección de productos temporeros como cabrillas, caracoles, espárragos trigueros, tagarninas, higos chumbos, plantas aromáticas y medicinales, etc., sigue siendo una actividad, que hoy en día puede verse en el medio rural de Andalucía y de muchas otras regiones de España.

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda conocedor de esta situación y de la abundancia de este tipo de recursos en su territorio y en otras zonas de Andalucía, con financiación procedente del Eje 2º del Programa Regional “Leader Plus” 2000 – 2006, en el marco del Grupo de Cooperación “Natures”, realizó un estudio con el objetivo de poner sobre la mesa la importancia de estos recursos para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. El estudio elaborado abarcó una serie de territorios rurales andaluces, concretamente los siguientes: La Axarquía (Málaga), Sierra de Cazorla (Jaén), Campiña Norte de Jaén, Litoral de la Janda (Cádiz), Valle de Lecrín-Temple (Granada), Levante Almeriense, La Loma y Las Villas (Jaén), Sierra Mágina (Jaén), Sierra Morena Cordobesa, Sierra Morena Sevillana y Subbética Cordobesa.

Algunos de los datos que arroja el estudio realizado, sin entrar a considerar el valor añadido que se le incorporaría en las posibles elaboraciones y transformaciones, y con la debida prudencia, por el método de cálculo utilizado (análisis cartográfico y entrevistas a agentes clave) ponen de manifiesto la importancia de estos recursos para los territorios participantes en el proyecto.

Debido al carácter limitado de estos recursos naturales de temporada, que obliga a una explotación moderada, que permita mantener el equilibrio ecológico, que asegure su conservación, regeneración y disponibilidad futura, este estudio recoge una serie de propuestas de actuación para su explotación. Esta ordenación de la actividad se presenta tanto con propuestas de carácter general, válidas para todos los recursos, como de carácter específico, para cada uno de las tipologías de recursos considerados.

Animamos a aquellos emprendedores y emprendedoras, en busca de una oportunidad de negocio, a que se fijen en los productos temporeros o recursos naturales de temporada.

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "LEADER como instrumento de desarrollo local"

El Boletín Oficial de la Unión Europea ha publicado con fecha 22 de diciembre de 2011 el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "LEADER como instrumento de desarrollo local", elaborado por Roman Haken como ponente, cuyo texto os remitimos adjunto.

Entra las conclusiones de Dictamen se señala que “el método LEADER ha demostrado su viabilidad durante los últimos 20 años. Es necesario, por lo tanto, considerar la posibilidad de ampliar el enfoque LEADER como instrumento de desarrollo de probada eficacia, al mismo tiempo que se mantienen sus principios esenciales, a saber, la participación directa de la sociedad civil a través de sus representantes en la asociación local y el diálogo permanente con la población local sobre las prioridades del desarrollo futuro”.

El Comité Económico y Social recomienda que se amplíe el enfoque LEADER a las ciudades, con el objeto de que lleguen a buen puerto las estrategias y las inversiones para el desarrollo.

Para el periodo posterior a 2013, el Comité propone un enfoque global aplicado al desarrollo local para las zonas rurales, que reúna en un mismo presupuesto recursos de los distintos fondos, basado en la posibilidad de recurrir a los fondos para el desarrollo rural, a los fondos para el medio ambiente, al FEDER, al fondo europeo de pesca, al FSE y a otros, conforme a un procedimiento simplificados y sin que se aumente la carga administrativa.

Por otro lado se pide acordar una definición estándar de “zona rural”, y utilizar el método LEADER como modelo adecuado para establecer asociaciones ascendentes.

El Comité Económico y Social de la UE recomienda la financiación para la preparación y aplicación de la estrategia de desarrollo integrado mediante la movilización de las capacidades y competencias de las asociaciones locales.

Pide también definir con claridad y cuidado los conflictos de intereses de los miembros de los grupos de acción local.

El Comité aboga “por la reducción significativa de las cargas administrativas, especialmente para pequeños proyectos, y por incluir LEADER en el proceso de simplificación, lo que permitirá actuar con más flexibilidad e introducir innovaciones en las regiones”.

El Comité recomienda asimismo que se vuelva, mediante un proceso de aprendizaje a la fase en que el enfoque LEADER era considerado un laboratorio, apoyándose, eso sí, en la experiencia adquirida en las dos últimas décadas, cuando el enfoque y las iniciativas comunitarias empezaron a aplicarse en las zonas rurales, “experiencias sin duda alguna positiva”.

El Dictamen explica que “en las zonas rurales, LEADER goza de gran reconocimiento como instrumento de financiación y como método, y no sólo entre los miembros de los grupos de acción local, sino sobre todo en los municipios y otras entidades que actúan en el territorio de las comunidades rurales. Se han creado grupos de acción local en cada uno de los 27 Estados miembros, y los grupos de Bulgaria y Rumania pronto serán operativo. LEADER desempeña un papel fundamental en la estrategia de preadhesión de los países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión”.

El Comité señala que los grupos de acción local han permitido la creación de una capacidad administrativa capaz de distribuir los fondos de la UE a escala local de una forma transparente. En el contexto actual de crisis económica –sigue– estos órganos locales intermediarios pueden ser eficaces, gracias a su flexibilidad, y contribuir a mejorar la situación del empleo a escala local.

Gracias al método LEADER –indica el Dictamen- las zonas rurales han podido empezar a establecer asociaciones entre el sector público y privado. El método LEADER ha mejorado significativamente la capacidad de absorción de los fondos europeos.

El Consejo Económico y Social Europeo defiende que “pese a las críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo, la aplicación del método LEADER produce resultados tangibles y tiene plenamente en cuenta la política de la UE, ya que es eficaz, pone en marcha una dinámica positiva, tiene como objetivos específicos y es exhaustivo y transparente”.

Además, añade que el Dictamen “debería suscitar mayor interés en el enfoque LEADER y facilitar el uso estructural de los grupos de acción local en el marco de otros instrumentos de financiación ajenos al contexto de desarrollo rural. Además debería contribuir a justificar la necesidad de mantener al menos los fondos asignados a LEADER en el presupuesto general de la PAC, y por tanto a preservar el destacado papel de LEADER dentro de la Política Agraria Común.

El Comité recomienda que el método LEADER se mantenga dentro de la PAC y que este planteamiento permita también el recurso de fondos de la política de cohesión  y del ámbito del medio ambiente. También propone que se movilicen más fondos a través del enfoque LEADE, y no solo aquellos que procedan de los futuros programas de desarrollo rural; así como que el método LEADER sea considerado un enfoque ascendente innovador al que, por consiguiente, deberán imponerse las menores limitaciones posibles en materia de procedimientos administrativos.

El documento publicado, señala que “La cooperación interterritorial y transnacional entre los grupos de acción local y las asociaciones internacionales son fundamentales para la aplicación del método LEADER”.

El Dictamen concluye que el principio del enfoque ELADER implementado de forma separada en las zonas rurales puede también aplicarse a las áreas y barrios urbanos para crear asociaciones locales. Recomienda, asimismo, que se aplique también, de forma separada y diferencial de LEADER, en las áreas suburbanas.

El Comité propone que las actividades de la antigua iniciativa URBAN, el programa LIFE y otros interactúen y se integren con los principios de LEADER.

Finalmente se indica que “en las zonas urbanas, el método LEADER podría aplicarse mediante la creación de una asociación en una zona urbana subregional determinada, como sucede en la actualidad en las zonas rurales en función de criterios predefinidos”.

(Fuente: REDR)

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El futuro de la industria agroalimentaria en española

Jorge Jordana en su interesantísimo artículo “Hacia dónde va la Industria Agroalimentaria (IAA)”, publicado en el núm. 15 de la Colección Mediterráneo Económico: " El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global”, apunta una serie de cuestiones muy importantes para el futuro de la industria agroalimentaria española.

En este sentido hay dos cuestiones relativas a lo que el denomina la invisibilidad de la industria agroalimentaria, que según este autor está condicionada por su atomización como sector empresarial y por la desaparición de la cultura rural. Respecto a la primera cuestión, Jordana hace referencia a que aunque la industria alimentaria, con más de 30.000 empresas, casi ninguna grande, no presenta unos datos microeconómicos relevantes, sin embargo los datos macroeconómicos le confieren ser el mayor sector industrial. En lo que a la segunda cuestión, se refiere, indica, entre otras cuestiones, que prácticamente todos los nacidos desde los años 60 proceden de ambientes urbanos y, por tanto, lo ignoran todo de los sectores productivos agroalimentarios, de sus complejos oficios y habilidades, de los sistemas de producción y de las múltiples calidades y cualidades de sus productos.

En su artículo Jordana también desglosa lo que el considera como las principales características específicas de la industria alimentaria en comparación con otros sectores industriales. En este caso hace referencia a su extensión territorial, que abarca tanto al ámbito rural (fundamentalmente industria alimentaria de 1ª transformación) como el ámbito urbano (industrias food service), añadiéndose a los dos ámbitos las industrias alimentarias de carácter multinacional. También hace referencia a la especial incidencia de la seguridad alimentaria, de la que indica que aunque es un factor casi exógeno a la actividad, con frecuencia imprevisible, sin embargo, puede tener efectos dramáticos sobre las empresas de un subsector determinado, y donde solo su correcta gestión es básica para eliminar, en lo posible, este elevado riesgo. Otra característica apuntada por el autor es la referida a los altos requerimientos financieros a corto y medio plazo, que apunta que básicamente son debidos a la elevada duración en el tiempo de los ciclos productivos agrarios, lo que supone para todo el sector agroalimentario la necesidad de disponer de un capital circulante suficiente para financiar sus ciclos productivos, que se ve agravado por el carácter enormemente lesivo que resulta del vampirismo financiero de la distribución comercial que en España sigue apalancándose, hasta ser el país con los aplazamientos de pago más altos de Europa. Finalmente, la última característica citada por este autor es la fuerte intervención administrativa que sufre el sector, que para describirla, entre otras referencias utiliza los datos de la FIAB, que recoge que la legislación que recae sobre la industria agroalimentaria ocupa 78.000 páginas del BOE; cantidad a la que había que sumar hoy día, en muchos casos multiplicada por 17, las nuevas disposiciones que siguen publicándose, y los datos de la CIAA, que ha contabilizado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, desde enero de 1997 a enero de 2008, 1.420 disposiciones que implican al sector.

Finalmente, Jordana apunta lo que serían a su entender los principales condicionantes comunes a la industria agroalimentaria, siendo estos los siguientes: atomización del sector, donde el tamaño de las empresas, condiciona también la respuesta del sector ante numerosos retos, afectando a la competitividad de sus producciones; la concentración de los clientes, del que dice que las relaciones comerciales estén siendo profundamente desequilibradas, sobre todo en tres grandes áreas: el reiteradamente referido apalancamiento financiero; el manifiesto abuso en las relaciones comerciales con sus proveedores, y en la implantación de sus propias marcas; y, finalmente la globalización de los mercados, de la que dice que generará importantes cambios en las demandas, siendo tres las principales fuerzas que inciden en este cambio: el notorio incremento de población inmigrante con culturas culinarias diferentes, el paulatino crecimiento tendencial del canal de hostelería, restauración y catering, y la cada día más conocida y científicamente asentada relación entre la alimentación y la salud.

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El cooperativismo agrario en la Unión Europea (II)

Como continuación del anterior post, tomando de nuevo como base el estudio “Los factores de competitividad de las cooperativas líderes en el sector agroalimentario europeo. Acciones a emprender por las cooperativas agrarias españolas” elaborado por Juan Francisco Juliá Igual, Gabriel García Martínez, Elena Meliá Martí y Luis Pedro Gallego García, editado por la Fundación Cajamar en 2010, a continuación destaco las principales debilidades y fortalezas, así como las posibles respuestas para mejorar esa competitividad de nuestras cooperativas agroalimentarias, que se recogen en el mismo.

En cuanto a fortalezas se destacan las siguientes:

- La idoneidad de la fórmula cooperativa para desarrollar económicamente áreas que dependen habitualmente de la agricultura, contribuyendo en gran medida a evitar su despoblamiento. Dando respuesta a problemas como el relevo generacional; liderando y apoyando actividades complementarias que suponen fuentes adicionales generadoras de riqueza y empleo; todo ello teniendo en cuenta que en algunos territorios las cooperativas constituyen la única estructura profesional y estable implantada.

- El lugar inmejorable que ocupan las cooperativas en la cadena alimentaria en orden a garantizar la trazabilidad, que se apoya fundamentalmente en la estrecha relación entre socio y cooperativa y su mutuo conocimiento. Esto puede suponer un incentivo para la compra de los productos cooperativos y la mejora de las relaciones entre consumidores y cooperativas con los beneficios que esto supone.

- El cooperativismo posibilita una mayor participación de los productores en el sistema agroalimentario, no sólo en el ámbito de la producción, sino también en el de la transformación y comercialización de sus productos, lo que permite la captura de valores añadidos. Además de un posible aumento de rentas para los socios productores, al tratarse de empresas de proximidad muy arraigadas en el territorio, contribuye al enriquecimiento y a la fijación de población por el potencial de empleo local que supone, en muchas zonas rurales el principal o el único. (ver los primeros post de este blog sobre los efectos de la IAA en el medio rural).

- Las cooperativas permiten la concentración de la oferta que realizan, al mismo tiempo que la consecución de precios justos para los productores socios, ayudando a la transparencia de los mismos. Su beneficio, además va más allá del propio beneficio comercial, aportando un beneficio  de índole social, ya que las cooperativas no sólo persiguen la mejora de la eficiencia productiva, sino lo que a veces es tan importante o más, la calidad de vida de sus socios.

En cuanto a las debilidades se destacan las siguientes:

- La ligazón con el territorio, si tenemos en cuenta que el resto de empresas están optando por estas estrategias con objeto de reducir costes. Las cooperativas no tienen libertad de sustituir las producciones de sus socios por las de otros países más competitivos, ni de deslocalizar muchos de los procesos de transformación cuando de ellos depende gran parte del empleo de la zona.

- La dimensión continúa siendo un elemento clave en la competitividad de las empresas cooperativas en un contexto cada vez más dominado por las grandes cadenas de distribución, siendo por tanto necesario la realización de procesos de integración.

- La necesidad de nuevas fórmulas de financiación para las cooperativas, ya que existe un rechazo muy generalizado entre los socios de las cooperativas a invertir en las mismas y el capital aportado por los mismos en la cooperativa tiene fuertes limitaciones, al ser reembolsable en caso de baja. Estas nuevas fórmulas pasan por ser capaces de atraer la inversión y ser estables en el tiempo, garantizando las inversiones.

- Es esencial para las cooperativas el establecimiento de una planificación comercial orientada al mercado, no a los productores. La realidad es que en las cooperativas con éxito se cumplen dos principios: el primero es la disciplina (en cuanto a suministro, calidad, diferenciación en precio, etc.), el segundo principio viene determinado por el hecho de que las mejores calidades consiguen mejores precios (Van Dijk, 2001).

En cuanto a las posibles respuestas, teniendo en cuenta la globalización y el mayor control por parte de las grandes firmas de carácter internacional, que están en continua expansión y concentración, se indica que una de ellas viene dada por la búsqueda de mayores cuotas de competitividad a través de la consecución de una mayor dimensión empresarial, en muchos casos por medio de procesos de concentración. Siendo la segunda de las respuestas apuntadas la internacionalización como estrategia para alcanzar el liderazgo. De ambas respuestas se hace un completo análisis en este estudio. 

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El cooperativismo agrario en la Unión Europea (I)

A continuación recojo algunas de las conclusiones del estudio “Los factores de competitividad de las cooperativas líderes en el sector agroalimentario europeo. Acciones a emprender por las cooperativas agrarias españolas” elaborado por Juan Francisco Juliá Igual, Gabriel García Martínez, Elena Meliá Martí y Luis Pedro Gallego García, editado por la Fundación Cajamar en 2010.

El cooperativismo agrario tiene un gran arraigo en la UE, gozando sus cooperativas de una influencia a nivel sectorial muy superior a la disfrutada por las que operan en otros sectores.

Actualmente cuenta con más de 32.000 cooperativas agrarias, que agrupan a más de 11 millones de socios y facturan por encima de 250.000 millones de euros.

Las actividades de estas entidades asociativas son diversas, destacando como mayoritarias la comercialización de la producción de sus agricultores socios -en algunos casos previa transformación (elaboración de aceite, vino, lácteas, cárnicas, etc.)-, el abastecimiento de suministros a los socios, así como la prestación de algunos servicios relacionados con la actividad productiva, contribuyendo por tanto de forma clara y directa a la mejora de la renta de los agricultores.

Su producción global representa más del 60% de la oferta agraria europea (UE-15), y alcanza en algunos países porcentajes en ocasiones superiores al 90%, como es el caso de la leche en Dinamarca, Austria, Finlandia e Irlanda, o del porcino en Dinamarca. La producción en manos de cooperativas sigue creciendo en muchos de los sectores y países. Este es el caso de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Holanda y Portugal, en los que la cuota de mercado cooperativa en muchos de los productos analizados (frutas y hortalizas, carne, lácteos, cereales) se ha incrementado. En el resto de países, con pocas excepciones, la cuota se ha mantenido, lo que denota la confianza de los agricultores en esta figura asociativa.

El desarrollo que han alcanzado las cooperativas en los diferentes países es dispar, sobre todo en lo que a desarrollo empresarial se refiere. De hecho, coexisten países con un cooperativismo agrario muy atomizado, presentando sus cooperativas reducidos volúmenes de negocio, de socios y de trabajadores, con países cuyas cooperativas han experimentado un fuerte desarrollo empresarial, habiéndose consolidado como grandes grupos empresariales. En este sentido, resulta muy clarificador a la hora de conocer la disparidad existente, citar los dos casos extremos: el de Grecia, cuyas 6.370 cooperativas asocian por término medio 112 socios y facturan del orden de 200.000 euros, y Dinamarca, cuyas 14 cooperativas agrarias presentan una dimensión considerablemente superior, agrupando una media de 5.821 socios, 2.500 trabajadores y presentando una cifra media de negocio de 1.346 millones de euros.

Las cooperativas agrarias han contribuido al desarrollo económico que han alcanzado las áreas rurales europeas, constituyendo una fuente importante de empleo directo e indirecto en las mismas, lo que ha desembocado en la próspera agricultura que hoy día tenemos (Bogstroöm, 2003).

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